"Quien se pronuncia por el camino reformista en lugar de y en oposición a la conquista del poder político y a la revolución social no elige en realidad un camino más tranquilo, seguro y lento hacia el mismo objetivo, sino un objetivo diferente: en lugar de la implantación de una nueva sociedad, elige unas modificaciones insustanciales de la antigua." Rosa Luxemburgo

jueves, 25 de febrero de 2016

España: Una obra de teatro no representa un peligro para la seguridad

por Amnestía Internacional

Alfonso Lázaro de la Fuente y Raúl García Pérez han pasado cinco días en prisión incondicional por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Sí, esto sucede en España, en el año 2016, aquí y ahora. El pasado 5 de febrero Alfonso y Raúl representaban en un teatro de Madrid una obra teatral satírica: “La bruja y Don Cristóbal”, cuando el contenido de alguna de las escenas, como la aparición de un cartel en el que se hacía referencia a ETA, alertó al público asistente, provocó las protestas y la denuncia a la policía.

Tras cinco días detenidos, fueron puestos en libertad. Sin embargo, los cargos siguen en vigor, y ambos deben comparecer a diario en un juzgado o comisaría más cercana a su casa, se les ha retirado el pasaporte y tienen prohibido salir del país. Unas medidas restrictivas desproporcionadas, por mucho que el contenido de la obra pudiera ser inadecuado, al representarse ante un público mayoritariamente infantil.

Alfonso y Raúl, miembros de la compañía teatral “Títeres desde Abajo”, se enfrentan a cargos que les podrían obligar a pasar hasta cuatro años en prisión por “enaltecimiento del terrorismo”. Tras la reforma del Código Penal español, en 2015, la ambigüedad de algunos de los artículos deja abierta la puerta para la vulneración de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Una puerta que ha llevado a Alfonso y a Raúl a prisión. 

Los cargos impuestos a los dos titiriteros deben ser retirados. Además, las autoridades españolas deben derogar o modificar los artículos del Código Penal que imponen restricciones desproporcionadas a los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión.

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