Debate sobre la investidura en Andalucía
por Teresa Rodríguez, Secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Parlamento andaluz.
13/04/2015
http://blogs.publico.es/lo-queremos-todo/2015/04/13/tan-sencillo-como-decir-si-o-no-debate-sobre-la-investidura-en-andalucia-2/
por Teresa Rodríguez, Secretaria general de Podemos Andalucía y diputada en el Parlamento andaluz.
Tras el adelanto electoral provocado
unilateral e interesadamente por Susana Díaz, expresidenta de la Junta
de Andalucía, las cosas se pusieron aún más difíciles para la actual
candidata a repetir cargo. Lejos de producirse un voto masivo al PSOE
que le hubiera permitido gobernar desde el objetivo declarado de una
mayoría absoluta, las urnas indicaron que, pese al aumento de la
participación, el partido de Díaz ha perdido votos tanto en números
absolutos como en porcentaje en un nuevo marco de mayor pluralidad en la
composición parlamentaria. El retroceso es evidente: consigue los
mismos escaños que ya tenía y no los aumenta, no logra la anhelada
mayoría, no aseguran la estabilidad y Susana Díaz tiene que postularse
como candidata a presidir la Junta desde el partido más votado, sí es
cierto, pero que no reúne ni la mitad de los votos que los obtenidos por
el resto de opciones con representación.
Pese a la evidencia, desde San Telmo y desde Ferraz se ha lanzado el
mensaje de “victoria socialista” en un intento de construir la realidad a
partir de la propaganda reiterada de un discurso ajeno a los hechos.
Unos se animan a otros en sus reuniones repitiéndose el mantra “hemos
ganado”. Pero no se engañe señora Díaz, las cosas no le fueron bien en
su jugada. Usted es la dirigente de un partido que no para de perder
votos y apoyos porque tras años y años de gobierno no ha servido a los
intereses de las gentes. Lo menos que se puede decir es que el
electorado andaluz no quiere repetir gobierno de forma ciega. Ya no da
cheques en blanco.
La primera gran consecuencia de esta situación es que por primera vez
el parlamento andaluz adquiere una posición central en la actividad
política de nuestra tierra y no será una mera comparsa complaciente del
ejecutivo. De ahí el interés que ha mostrado el PSOE contra toda regla
aritmética de tener una sobre representación en la Mesa del Parlamento
para intentar controlar sus mínimos movimientos.
La segunda consecuencia a constatar es la existencia de un amplio
sector del pueblo andaluz que apuesta por el cambio. O como venimos
diciendo, el cambio ya ha empezado. No se puede gobernar ni legislar
como el día de antes. Y eso, precisamente eso, es lo que más inquieta a
las fuerzas del régimen acostumbradas a unas reglas de juego y un
lenguaje compartidos. En el fondo su disputa no era sobre los proyectos
para mejorar la situación de la sociedad sino sobre los despachos desde
los que gestionar partidariamente los asuntos y recursos públicos.
Escenario este en el que se podían vociferar sobre asuntos contingentes
pero luego en lo importante para la oligarquía, votar juntos, como en el
caso de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución que
impone los intereses de las finanzas por encima y por delante de los de
las personas.
¿Qué hacen los de siempre ante la investidura?: Enzarzarse en la
compra venta de votos (“si tú me das esto yo te garantizo aquello”). Esa
y no otra ha sido la actitud del PP que condiciona su apoyo a Díaz al
apoyo mutuo entre los de siempre para seguir gobernando (“tú en Madrid,
yo aquí, yo en la comunidad, tú en el ayuntamiento”). A este cambalache
el PSOE le ha llamado actitud responsable de los partidos de gobierno.
¿Qué hacen los que quieren entrar en el club de los de siempre?:
Ampliemos el número de sillas para poder sentarnos más gente arriba. En
ninguno de esos onerosos y ridículos juegos de los profesionales de la
política, queremos entrar desde Podemos.
Por ello hemos situado nuestras condiciones a Susana Díaz en el único
terreno que nos interesa: el interés de la gente. Son tres cuestiones
de sentido común, sencillas y sin coste económico. Son tan elementales
que ni siquiera es preciso que las fuerzas políticas las llevaran en su
programa durante la campaña ni que impliquen futuros acuerdos en otros
aspectos. No hemos querido multiplicar las demandas para entrar en un
juego aritmético sobre las que se aceptan y las que se rechazan. No son
un resumen de nuestro programa, el que votó por primera vez casi el 15%
del electorado. A futuro cada partido defenderá en el parlamento las
iniciativas acordes con su proyecto político y programa y nosotros nos
reservamos ese derecho en el futuro inmediato. No son un programa
acabado de cambio, ni una hoja de ruta de un gobierno. Pero sintetizan
un cambio de orientación y de modo de hacer, un cambio de prioridades de
los representantes electos. Las tres condiciones que hemos presentado
tienen un valor político. Mejor dicho, son en sí mismas un gesto
político que muestra un cambio de rumbo, un cambio de criterio de quien
aspira a gobernar. Y en ese sentido sí que podemos decir que son la
quintaesencia de nuestra actitud programática: gobernar a favor de las y
los de abajo.
En interés de la gente planteamos que la Junta y los entes y empresas
públicas andaluzas no tengan cuentas tesoreras ni mantengan créditos ni
relaciones comerciales o de colaboración en la recaudación con aquellas
entidades financieras que han desahuciado de su vivienda habitual a
andaluces y andaluzas, arrojándoles a la marginación y la pobreza. Y por
supuesto que los nuevos convenios con entidades financieras contemplen
el compromiso exigible de cumplimiento de los estándares internacionales
existentes en materia de desahucios. Simplemente no hagan tratos con
los culpables de la desgracia de tantas familias, cambien la cuenta de
banco. Nada del otro mundo, fácil de ejecutar y sin “comisiones”. Señora
Díaz es muy sencillo: diga sí o no.
Para comenzar a restablecer los derechos básicos de la ciudadanía en
la prestación de los servicios públicos, planteamos una sencilla
operación aritmética: den de baja a la mayor parte de los altos cargos
de confianza que pueblan la administración andaluza y sus ramificaciones
–y encarguen sus labores a empleados públicos de los que se cuenta con
miles de ellos con gran capacidad y preparación profesional- y el coste
de esos importantes sueldos de “puestos a dedo” dedíquenlo a volver a
contratar personal sanitario, de la dependencia y docente que
despidieron en el pasado gobierno de coalición. Por cada alto cargo
cesado dispondríamos de un mínimo de cinco profesionales útiles para la
sociedad. Coste estimado: cero. Se trata únicamente de cambiar el
titular de la nómina y su puesto de trabajo. De nuevo la respuesta es
fácil: sí o no.
Y finalmente queremos que la aspirante a presidir el gobierno de la
Junta diga sí o no a un asunto muy simple para demostrar la voluntad de
cambio frente a la corrupción y el mal uso de los fondos públicos con
hechos, no con promesas de futuras leyes (esas pueden venir luego y ya
discutiremos su contenido) que por cierto ya podían haber sido aprobadas
y aplicadas anteriormente. Por ello pedimos la dimisión inmediata de
Manuel Chaves y de José Antonio Griñán, y planteamos que la Secretaria
General del PSOE-A exija públicamente el acta a dos militantes de su
organización. No prejuzgamos sus responsabilidades ante la justicia, eso
es cuestión de los tribunales. Ni siquiera ponemos en cuestión su
honorabilidad personal, máxime tras escuchar a Griñán a la salida del
juzgado calificar de forma sincera de gran fraude el asunto de los ERE.
Lo que planteamos tiene únicamente que ver aquí y ahora con las
responsabilidades políticas y por tanto solo pedimos un gesto político:
la dimisión inmediata de sus cargos, lo que significa que asumen que en
sus labores de gobierno fallaron estrepitosamente en un fraude masivo
que ha levantado la indignación y la alarma social.
Así y solo así acabaremos con espectáculos tan bochornosos como la
auto amnistía política que practican cotidianamente nuestros gobernantes
que reducen la responsabilidad de sus actos al ámbito penal, y nos
ofrecen espectáculos tan bochornosos del no sé, no contesto, no sabía,
no vi nada. Pues entonces, decimos en Bruselas, en Madrid y en Sevilla a
quienes esto nos dicen: váyase usted a su casa. No es preciso seguir
“en política”, puede dejar la actividad y jubilarse tras tantos años de
despacho oficial. Porque la política ni es una profesión ni es una
carrera, es una dedicación voluntaria, pública y provisional al servicio
de la sociedad.
13/04/2015
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