por Daniel Albarracín, Antonio M. Vélez
publicado en eldiario, 11/04/2015
¿Cómo surge y en qué consiste este comité?
¿Cómo le llega la invitación?
¿Cómo se reparte el trabajo entre los miembros del comité?
Ahí entra Goldman Sachs.
¿No hay tensión con el Ejecutivo griego? De forma paralela a esta iniciativa, el ministro Varoufakis insiste en que Grecia va a pagar sus deudas.
También ha habido cierta polémica con el asunto del perdón de la deuda alemana por parte de Grecia tras la II Guerra Mundial.
En el comité hay personas que han participado en experiencias similares, como la de Ecuador. ¿Cómo fueron?
¿Se puede trasladar esta experiencia de auditoría a España?
En España hay una deuda cuestionada en algunos sectores, que no es pública pero que está endosada a los consumidores y que, además, tiene aval del Estado: el famoso déficit de tarifa eléctrico.
Fuente : El Diario
publicado en eldiario, 11/04/2015
- El economista y sociólogo Daniel Albarracín es uno de los dos expertos españoles que participan en el comité internacional que audita la deuda pública helena
- Considera que, en ese proceso, «hay que determinar las responsabilidades» de los políticos y oligarcas helenos, los bancos y las instituciones internacionales
- Miembro de Podemos, cree que una experiencia de este tipo «se puede replicar en otros países europeos» y en España podría hacerse «a escala municipal, autonómica y del Estado»
Daniel Albarracín (1973) es uno
de los expertos españoles que participan en el comité internacional que,
tras la victoria de Syriza, ha recibido el encargo del Parlamento
heleno para auditar, en tiempo récord, la deuda
pública griega. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de
Madrid y Licenciado en Económicas y Empresariales por la Autónoma, es
miembro de Podemos y asesor del grupo de la Izquierda Unitaria
Europea/Izquierda Verde Nórdica (GUE-NGL) en el Parlamento Europeo, en
el que está integrada la formación que lidera Pablo Iglesias.
Albarracín lleva años trabajando en la cuestión de la deuda soberana
y las deudas, tanto privadas como públicas a diferentes niveles, como
investigador y activista en movimientos sociales, «tratando de
popularizar la realidad, causas, orígenes y consecuencias que tiene el
proceso de endeudamiento y los procesos de financiarización que hay
detrás». Denuncia el «embarrancamiento» al que han llevado las políticas
de austeridad en Grecia y la «complicidad entre gobiernos y grandes
empresas, especialmente de la banca privada», en el proceso de
sobreendeudamiento de las economías periféricas europeas. A principios
de mes visitó Atenas junto al resto de miembros del Comité para
entrevistarse con los ministros del Gobierno heleno y diferentes
instituciones del país. El apoyo a la iniciativa que lidera el
politólogo belga Éric Toussaint fue «unánime».
¿Cómo surge y en qué consiste este comité?
Surge al calor de una demanda popular que han escuchado diferentes
actores políticos dentro del cambio que se ha producido en Grecia. Dos
personas concretas han dinamizado la iniciativa: la eurodiputada Sofia
Sakorafa, que estuvo en el Pasok y tras abandonarlo en 2010 pasó a
defender la necesidad de cuestionar los memoránda de entendimiento
firmados por Grecia y la losa de la deuda; y Zoé Konstantopoulou,
presidenta del Parlamento griego, que ha sabido darle cuerpo al comité y
ha obtenido el respaldo del Gobierno en pleno. En él se da una
responsabilidad muy importante al coordinador científico, Éric
Toussaint, una persona de prestigio que lleva tiempo trabajando en esta
materia, especialmente como portavoz del comité por la anulación de la
deuda del tercer mundo, y que ha participado asesorando a Gobiernos en
otras iniciativas, la más reciente, no la única, la de Ecuador [en
2007].
El comité está compuesto por un equipo de quince personas del ámbito
internacional, académico, de la investigación y de los movimientos
sociales comprometidas con este foco de atención: determinar qué parte
de la deuda es ilegítima, cuál es odiosa, cuál es ilegal, cuál
socialmente insostenible. A ese equipo de quince auditores se suman
otros quince expertos griegos, de diferentes instituciones o del ámbito
académico. Hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano la
realidad griega e intercambiado perspectivas y metodologías para
emprender una auditoría que no tiene un papel vinculante pero sí el de
mostrar diagnósticos que puedan servir de instrumento al Gobierno, que
es el que tiene que decidir qué va a hacer sobre esta cuestión.
Hay un plan de trabajo muy exhaustivo. Esto va a tener una
temporalidad concreta y todos vamos a estar trabajando desde el minuto
uno. La idea es tener un informe preliminar, con sustancia suficiente,
en junio, y vamos a buscar que personalidades del ámbito internacional
vengan a respaldarlo a Atenas cuando demos cuenta de las principales
conclusiones. Dado el tiempo tan limitado, vamos a focalizarnos en
algunos aspectos y posiblemente la auditoría tenga que proseguir hasta
finales de año.
¿Cómo le llega la invitación?
La invitación me llega directamente a través de Éric Toussaint, pero
no voy solamente de manera personal a esta tarea, que para mí es un
honor. Lo hago con el pleno respaldo y el apoyo de la dirección de
Podemos. Soy miembro del partido y ahora mismo formo parte del staff del
GUE en el Parlamento Europeo, con cuyo apoyo político también contamos.
Voy también como una pieza instrumental que ofrece el GUE a esta tarea,
de manera generosa, en el espacio de solidaridad internacional en el
que se va a abrigar esta iniciativa para el pueblo griego. También he
contado con el apoyo y colaboración del eurodiputado Miguel Urbán
[Podemos], que está llevando a cabo iniciativas muy comprometidas con
propuestas concretas a nivel internacional como el Foro Social Mundial
que se ha celebrado hace días en Túnez, para que la auditoría no sea
solamente una iniciativa en el estrecho marco de Grecia, al fin y al
cabo un país pequeñito de Europa. Esto es una crisis europea y se busca
el apoyo de diferentes parlamentos, los nacionales y el europeo, y de la
sociedad civil europea. Con varios propósitos: dar a conocer los
resultados de esta experiencia e invitar al apoyo popular y que se pueda
replicar en otros países de Europa. No sólo en los del sur. Invitamos a
que las iniciativas de evaluación de políticas públicas, de auditoría,
tengan lugar en cualquier país, también por ejemplo del centro de
Europa, para indagar estas deudas contraídas en circunstancias que deben
estudiarse.
¿Cómo se reparte el trabajo entre los miembros del comité?
Hay diferentes grupos de trabajo y algunos subgrupos todavía están en
fase de determinación. Hay que asignar las funciones de 30 personas, al
equipo griego lo hemos conocido en estos días pasados y hay analistas
que pueden solaparse en su área de especialización. Un grupo de trabajo
va a analizar las políticas del periodo 2010-2015. Aunque luego se
estudiará el periodo anterior, vamos a acotar porque no nos daría tiempo
a estudiar toda la realidad. Ese primer grupo va a analizar el marco
macroeconómico, las políticas que se han desarrollado en este periodo,
dando cuenta de la condicionalidad de los memoranda de entendimiento
(MOU), qué hubiera pasado si no se hubieran aplicado las políticas de
austeridad y ver cuál fue su impacto en el incremento tan notable de la
deuda del Estado griego, que ha pasado del 103% al 185% del PIB.
Hay muchas causas: políticas de austeridad que han empobrecido a la
población, gastos onerosos en armamento, casos de corrupción evidentes,
episodios muy sonados como el de Siemens, que han tenido repercusión en
el gasto público en materia armamentística... Siemens estaba financiando
directamente a los dos grandes partidos en su momento y hay sospechas
de corrupción en esta materia. También hay estudios que se refieren al
periodo anterior: qué sucedió en los años 70 con el Gobierno de los
Coroneles, que creó una deuda odiosa, los sobregastos de los Juegos
Olímpicos de 2004, que supusieron unas previsiones que casi
multiplicaban por veinte la financiación inicial... por una cuestión de
acotar y tener la auditoría en tiempo y forma, en junio nos vamos a
circunscribir a este periodo más reciente.
Ahí entra Goldman Sachs.
Va a haber nueve grupos de trabajo. Hay un equipo macroeconómico,
otro que estudiará las consecuencias sociales de las políticas
económicas y habrá algún analista que se centrará en el falseamiento de
estadísticas. Y uno de los episodios será ese. Se tendrán que utilizar
informes precedentes, para analizar también el impacto de la
incorporación al euro. Habrá un equipo legal que cotejará el derecho
griego, europeo e internacional para ver si ha habido una colisión de
las políticas desarrolladas con los derechos fundamentales en materia de
sanidad, educación, pensiones, libertades civiles... Un estudio
reciente del Parlamento Europeo daba cuenta de un impacto dolorosísimo
para la sociedad griega. Otro equipo indagará sobre los aspectos
financieros, políticas del BCE,
que no olvidemos es el principal acreedor financiero de Grecia en este
momento. En los últimos MOU ha habido un proceso de conversión de los
acreedores: el BCE y los Estados miembros han sustituido a acreedores
privados, librando del riesgo fundamentalmente a la banca centroeuropea.
Un ejercicio del que las instituciones deberían rendir cuentas. Que el
BCE y el FMI
hayan sustituido a esos acreedores ha hecho que la responsabilidad del
sector privado pase a ser un riesgo socializado. Todos los analistas
saben que Grecia no puede abordar, más tarde o más temprano, el pago de
la deuda en su conjunto, y esto se va a soportar sobre las espaldas de
la población europea. Con lo cual, aquí hay que determinar las
responsabilidades de los anteriores gobernantes, las oligarquías
griegas, los bancos privados centroeuropeos y las instituciones europeas
que parece que han estado al servicio de estos últimos. Son unas líneas
de investigación que hay que estudiar y por el camino vamos a contar
con información de primera mano de los diferentes ministerios griegos,
el cuerpo científico del parlamento heleno, del Banco Central
griego... para poder llegar a conclusiones que sean de utilidad a los
poderes públicos griegos en un momento completamente desesperado como el
que se vive allí ahora mismo.
¿No hay tensión con el Ejecutivo griego? De forma paralela a esta iniciativa, el ministro Varoufakis insiste en que Grecia va a pagar sus deudas.
Estamos gratamente sorprendidos y enormemente satisfechos porque en
el proceso de deliberación de estos días ha habido un apoyo unánime del
Ejecutivo griego, incluso del propio Varoufakis. Es cierto que ha habido
en parte del Gobierno heleno dudas. Había simpatía sobre una iniciativa
de estas características, pero había dudas. Posiblemente el contexto,
tanto la presión social como las dificultades que atraviesan las cuentas
públicas griegas, estén empujando a una nueva circunstancia, a nuevas
decisiones. Aunque evidentemente, insisto, no se deduce de la comisión
de auditoría ninguna decisión. Es una comisión de investigación y el
Gobierno griego seguirá teniendo en su mano, como es natural, la
decisión que se derive de todo esto. Lo que me traigo de la experiencia
allí es un respaldo público, televisado, de uno tras otro de los
ministros a esta iniciativa, una colaboración plena del Estado griego y
de todas las instituciones y organizaciones helenas.
También ha habido cierta polémica con el asunto del perdón de la deuda alemana por parte de Grecia tras la II Guerra Mundial.
En principio, no está dentro de nuestra agenda de trabajo.
Evidentemente, el Gobierno heleno ha estudiado el alcance que podría
tener, la deuda que Alemania podría haber contraído con Grecia por
aquella razón. Se habla de 279.000 millones, una cifra superior a la
deuda que ahora mismo tiene el Estado griego con sus acreedores. No es
nuestro foco de atención ahora mismo, aunque evidentemente el Gobierno
heleno lo está manejando como un elemento de presión y me parece bien.
Pero nosotros no estamos en condiciones de dar respuesta a esto porque
el tiempo es muy exiguo.
En el comité hay personas que han participado en experiencias similares, como la de Ecuador. ¿Cómo fueron?
No hay modelos únicos y universales de auditoría, depende del
contexto social y político en cada caso. No tiene nada que ver la
experiencia islandesa con la ecuatoriana, ni con la que va a tener
Grecia, en una crisis europea e inserta en la eurozona. Es un país mucho
más grande económicamente que Ecuador y en un contexto diferente. En el
comité hay tres miembros que vivieron aquella experiencia: Maria Lucia
Fatorelli, brasileña, Diego Borja, ex ministro de Cooperación de
Política Económica de Ecuador, y el propio Toussaint. En aquel caso los
acreedores eran muy distintos. Eran acreedores privados y esto cambia
extraordinariamente las circunstancias. En Ecuador fue una operación de
mercado, de conversión de bonos, en la que primero se jugó al «vamos a
no pagar», pasaron unos meses y luego dijeron que pagarían un 30% de los
bonos que habían decidido impagar. Se devaluó la deuda contraída en un
70%. La jugada fue muy buena. Durante un tiempo, hubo un cortocircuito
financiero internacional, pero la liberación del yugo permitió que en
muy poco tiempo Ecuador remontase económicamente y tuviese una
experiencia extraordinariamente positiva que ha hecho que haya
prosperidad en el país. El caso griego es muy distinto, los acreedores
son instituciones europeas. Va a ser una operación política en la que
tiene que haber una negociación lo más internacional posible, en la que
necesitamos el respaldo social de los pueblos europeos y que se entienda
que están en tela de juicio las políticas que han llevado a esta
situación y que por tanto la solución es política. Desde muchos de
vista, la macroeconomía hace tiempo que habló: la deuda griega es
insostenible, el que se siga pagando responde a una decisión de las
instituciones europeas de seguir suministrando financiación no para
salvar ni rescatar al pueblo o al Estado griego, sino para que en su día
pudiesen ir pagando a los acreedores privados y, después, a las propias
instituciones europeas, algo completamente irregular. Todo ello, en
unas circunstancias en las que es imposible materialmente librarse de la
deuda, dadas las condicionalidades impuestas de políticas de
austeridad, que hacen inviable una recuperación económica en Grecia.
¿Se puede trasladar esta experiencia de auditoría a España?
Evidentemente, la experiencia griega se puede replicar en otros
países europeos. Se trata de remover dos cosas: las diferentes políticas
y las redes clientelares y de favores que se han tejido entre distintas
instituciones, algo que se puede hacer a escala municipal, autonómica y
del Estado. Es muy importante que gobiernos de ciudadanos que estén
ligados al pueblo lo lleven adelante para cuestionar todo lo que se ha
hecho hasta ahora y cambiar esas relaciones de corrupción y
clientelismo. Y cuestionar esas políticas que nos han llevado a esta
situación de endeudamiento y conversión de deudas privadas en públicas.
Es importante extender este tipo de auditorías a escala nacional e
internacional, y también tendrían que ser trasladadas a las
instituciones europeas para negociar un cambio de reglas del juego en
Europa y caminar hacia políticas de redistribución que permitan salir
adelante a las economías periféricas hasta ahora muy castigadas. Dado lo
delicado de esta iniciativa en Grecia, se necesita que más de un país
lo haga para tener reconocimiento y viabilidad y evitar las
consecuencias negativas que puede tener hacerlo en solitario.
En España hay una deuda cuestionada en algunos sectores, que no es pública pero que está endosada a los consumidores y que, además, tiene aval del Estado: el famoso déficit de tarifa eléctrico.
Eso no está previsto en la auditoría griega aunque algunas de las
personas que han visitado Atenas lo han propuesto al ministro de
energía. Sin duda alguna, en el caso de una auditoría en el Estado
español, sería un capítulo a contemplar, dada la situación de emergencia
energética, la necesidad de desarrollar una transición energética por
razones medioambientales y de sostenibilidad ecológica, y para tratar de
cuestionar los oligopolios energéticos y darle la vuelta a lo que nos
han dicho que es el déficit tarifario, que esconde una subvención
implícita a las compañías energéticas y no es una pérdida que estén
sufriendo las empresas.
Fuente : El Diario