por Carlos Sanchez Mato, Enric Llopis
Carlos Sánchez Mato presenta los escenarios de impago en una jornada de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute de València
El problema del impago “desordenado”, a juicio de Carlos Sánchez Mato, es que la gente común perdería sus ahorros (incluso las pequeñas sumas que hubieran podido ingresar a comienzos de mes), previsiblemente se impondría un “corralito” y podrían darse enfoques erróneos: A esta situación se ha llegado por el impago, podría aducirse. La segunda posibilidad, el impago “controlado”, es técnicamente sencillo y tendría un coste para los poseedores de mayor renta. Consistiría en un impago de la deuda pública al tiempo que se nacionaliza el sector bancario sin coste para el erario público (actualmente la banca privada tiene deuda pública o préstamos a las administraciones por valor de 400.000 millones de euros, mientras que los depósitos avalados por el Estado ascienden a 800.000 millones de euros). Si se produjera una nacionalización, esos depósitos no serían retirados.
Carlos Sánchez Mato presenta los escenarios de impago en una jornada de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute de València
La historia se repite. Aunque no se sabe muy bien
si a modo de farsa, de tragedia o de drama. Si alguien se toma la
molestia de rebuscar entre la bibliografía del Banco Mundial
o del FMI, podrá comprobar que las estrategias, etapas y terminología
que se diseñaron a finales de los 80 del pasado siglo respecto a las
crisis de deuda en América Latina coinciden con las actuales en la
periferia europea. Se consideraba en una primera fase que había una
crisis momentánea de liquidez, lo que llevaba a conceder nuevos
préstamos (a intereses más caros) para de ese modo refinanciar la deuda.
Al mismo tiempo se aplicaban los conocidos programas de “ajuste estructural”.
Tres décadas después los mismos mecanismos se han implementado en
Grecia, Portugal, Irlanda y en el Estado español con el Memorándum de
Entendimiento. Entonces y ahora se desarrollan programas de deflación y
devaluación interna.
Pasados unos años, el FMI
consideró que se había equivocado y que el problema de los países
latinoamericanos no era de liquidez (imposibilidad momentánea de pago),
sino de solvencia (incapacidad de afrontar la deuda). “Pero no se trata
de un error”, afirma el economista Carlos Sánchez Mato, “sino de una
estrategia perfectamente calculada que busca, en la primera fase de la
crisis, rescatar a los acreedores, es decir, el sistema bancario”.
Ocurrió en América Latina y sucede hoy en la periferia europea. “El
problema es que salvados los acreedores hay que afrontar el verdadero
problema: el sobreendeudamiento”, ha declarado el presidente de
ATTAC-Madrid y miembro de la Plataforma por una Banca Pública en una
jornada organizada por la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute de
València.
Nos adentramos, por tanto, en la segunda fase de la crisis de la
deuda y en un escenario de quitas. “Las habrá con toda seguridad”,
subraya Sánchez Mato. Pero la pregunta capital es: ¿A favor y en
detrimento de quién? Es una interrogante que pone de manifiesto que no
se trata de un problema técnico, sino político. Lo que actualmente se
está haciendo, explica Carlos Sánchez Mato, son políticas monetarias (la
máquina de fabricar billetes pero limitada al circuito bancario y sin
que llegue a empresas y familias) y de aplazamiento de pagos. Son
medidas no neutrales y que tienen beneficiarios muy claros: Los
acreedores; y, por otro lado, los que más se endeudaron (todo el sector
bancario y grandes empresas como FCC o El Corte Inglés), ya que se
pueden ir refinanciando a largo plazo. Además, estas medidas han ido
acompañadas de políticas de ajuste y contracción del gasto público.
Todo esto es bien conocido. “Pero hay otro tipo de políticas que sin
duda se van a producir”, apunta el economista de la Plataforma Auditoria
Ciudadana de la Deuda. A propósito de un informe solicitado por la
Comisión Europea, se está trabajando en un programa de desendeudamiento
(PADRE) que plantea “salvar” la deuda soberana de los países de la periferia europea. La operación, explica el economista, consistiría en que el BCE compre esa deuda y se la quede sin eliminarla. El banco central la mantendría “congelada” y prolongaría su amortización “sine die”. “En ello están trabajando actualmente los think-tanks
y la facción más poderosa del capital europeo”. Otra posibilidad
consiste en utilizar la inflación como herramienta para diluir la deuda,
aunque será esta la principal vía. Además, existe la opción de
“titulizar” la deuda, como se hizo en su día en los países
latinoamericanos con el Plan Brady.
Asentado el principio de que habrá quitas, la alternativa consiste en
que los beneficiarios de la reducción de deuda sean la población en
general. Es una vía que los medios oficiales consideran “populista” y
“heterodoxa”, pero que Sánchez Mato considera tan “ortodoxa” e inmersa
en el sistema como las anteriores (incluido el impago de la deuda).
Ahora bien, esta alternativa tildada oficialmente como “populista” y
defendida por economistas “gamberros” puede llevarse a término de manera
“ordenada” o “desordenada”. Carlos Sánchez Mato se muestra partidario
de la primera opción.
El impago unilateral “desordenado” requiere una prolija explicación. La deuda pública
de las administraciones con los diferentes acreedores responde
básicamente a préstamos y títulos de deuda. Si un nuevo gobierno
decidiera el impago de una parte o el total de la deuda, se produciría
una insolvencia de las entidades financieras (aclara Sánchez Mato que se
precipitaría “la insolvencia que ya tienen: las entidades españolas,
europeas y las del conjunto de los países desarrollados están en
quiebra, tal como se desprende de sus balances”). ¿Qué nexo une el
impago de la deuda y la insolvencia de los bancos? Un 15% (400.000
millones de euros) de los activos del sistema bancario español
corresponden a deuda pública o préstamos concedidos a las
administraciones públicas.
Para afrontar ese posible impago de 400.000 millones de euros, las
entidades financieras cuentan con un patrimonio neto que no supera los
80.000 millones de euros. En plata, “sólo con decir el ejecutivo que a
lo mejor no paga, el conjunto del sistema bancario haría crack”, apunta
el coautor de ¡Banca Pública, rescatemos nuestro futuro!
(Icaria). El 26 de octubre se publicarán las pruebas de “estrés” a la
banca. “Ha habido una batalla tremenda para que no se les penalicen los
activos de deuda pública o se prevea un posible deterioro de las
carteras de deuda; tienen que hacer ver que es un activo libre de riesgo”, explica Sánchez Mato.
Tampoco es cierto que las entidades financieras privadas, como suele
argüirse, jueguen con el dinero de sus accionistas, pues, señala el
economista, “éste representa una cantidad ridícula en comparación con
las deudas que tienen; las deudas de los bancos son fundamentalmente los
ahorros de la sociedad, sobre todo en forma de depósitos”. Es cierto
que todos los Estados apoyan a las entidades bancarias garantizando los
depósitos (en la eurozona, hasta una cantidad de 100.000 euros por
titular).
Pero ocurre que en el estado español el Fondo de Garantía de
Depósitos está en quiebra técnica, pues tiene un patrimonio neto de
-5.000 millones de euros con los que debe garantizar ahorros en
depósitos por valor de 800.000 millones de euros. Así esta la cuestión.
La activación de los avales en caso de quiebra iría directamente contra
el Estado, de manera que éste tendría que asumir los 800.000 millones de
euros agregados a la deuda pública (un billón de euros actualmente).
Para llegar a este escenario “desordenado”, reitera Sánchez Mato,
“bastaría con un mero anuncio de impago”.
Las cifras, siempre áridas, reflejan en este caso la magnitud de la
“bola” de la deuda en el Estado español. El volumen de la deuda total de
la economía española (8 billones de euros) es 20 veces superior al
conjunto de la deuda externa de los países no desarrollados en 1980
(415.000 millones de euros al cambio actual). Otro ejemplo. En 2013, la
deuda externa bruta de la economía española ascendía a 1,7 billones de
euros (de ella, la pública era de 0,5 billones de euros), mientras que
la deuda externa pública de todos los países no desarrollados suma 1,5
billones de euros. Eso significa que sólo las administraciones públicas
españolas representan un tercio del total de la deuda externa pública
actual de todos los países de la OCDE.
El problema del impago “desordenado”, a juicio de Carlos Sánchez Mato, es que la gente común perdería sus ahorros (incluso las pequeñas sumas que hubieran podido ingresar a comienzos de mes), previsiblemente se impondría un “corralito” y podrían darse enfoques erróneos: A esta situación se ha llegado por el impago, podría aducirse. La segunda posibilidad, el impago “controlado”, es técnicamente sencillo y tendría un coste para los poseedores de mayor renta. Consistiría en un impago de la deuda pública al tiempo que se nacionaliza el sector bancario sin coste para el erario público (actualmente la banca privada tiene deuda pública o préstamos a las administraciones por valor de 400.000 millones de euros, mientras que los depósitos avalados por el Estado ascienden a 800.000 millones de euros). Si se produjera una nacionalización, esos depósitos no serían retirados.
Son medidas realizables, ahora bien, advierte Carlos Sánchez Mato,
“los accionistas de las entidades bancarias perderían la propiedad y eso
no les va a gustar”. Añade el economista que, dado que el
sobreendeudamiento es general, las quitas no deberían limitarse a las
administraciones. Habría que articular quitas en las deudas hipotecarias
de las familias de renta media y baja (igual que las empresas privadas
pueden ir ahora al concurso de acreedores), y ello no tendría
dificultades técnicas recurriendo a los datos del Banco de España.
También las entidades financieras deberían establecer quitas. Y ello
requiere otra prolija explicación. Hasta ahora los bancos han podido
reducir la deuda que tenían con otros bancos, fondos de inversión y
fondos de pensiones mediante un mecanismo de “trileros”, es decir, el
acreedor ha pasado a ser el BCE (todos los ciudadanos). Además de los
depósitos, la deuda de los bancos asciende a un billón de euros, que no
pueden pagar. Se ha intentado, para ayudarles a afrontar parcialmente
esa deuda, ceder a los bancos determinados segmentos de negocio.
Por ejemplo, el BCE les presta dinero a los bancos al 0,15%; ese
dinero se lo prestan los bancos al Estado al 3% y en algunos momentos al
7% (cuando los tipos oficiales se situaban en el 0,5%). “Algunos
sostenemos que esta deuda es ilegítima”, zanja Carlos Sánchez Mato. Este
mecanismo ha supuesto en los últimos cinco años un sobrecoste para el
Estado español de 105.000 millones de euros (lo que equivale a cuatro
años de pago de prestaciones por desempleo).
En conclusión, “las entidades bancarias nacionalizadas tendrían que
hacer una quita de la deuda que tienen con otros bancos, fondos de
inversión y de pensiones, con el objeto de proteger los ahorros de la
gente”, afirma el economista. También propone (“sería aconsejable modo
medida redistributiva”) una quita a las cuentas con ahorros superiores a
los 100.000 euros; y otra quita sobre las deudas de las empresas no financieras,
vinculadas a la creación de puestos de trabajo. “Todo ello –insiste
Carlos Sánchez Mato- dentro del sistema capitalista, y como solución del
problema de la deuda… Durante un tiempo”.
Fuente: Rebelión