por Fátima Martin, Jérôme Duval
artículo publicado el 28 de febrero de 2014 en el periódico francés Politis
Todos estos responsables llevan años implicados en las políticas de austeridad llevadas a cabo por los gobiernos bajo el mandato opaco de la Troika, apoyándolas y presionando a los estados para que las apliquen. Ahora bien, a la hora de contestar a un cuestionario del Parlamento Europeo, eluden sus responsabilidades y echan la culpa a los estados a los que robaron su soberanía. Tanto la CE como el BCE lo dicen claro: "la autoría del diseño del programa pertenece a las autoridades del estado miembro afectado". Ya sabíamos que los altos funcionarios de estas instituciones gozan de total impunidad ante la justicia, ahora sabemos que rechazan incluso contestar a preguntas sobre sus implicaciones. ¿Será que huyen de sus responsabilidades frente a una opinión popular cada día más enfadada con las consecuencias humanitarias de dichas políticas?
artículo publicado el 28 de febrero de 2014 en el periódico francés Politis
El examen que el Parlamento Europeo hace a la Troika justifica las graves deficiencias democráticas y jurídicas en las que Comisión Europea, Banco Central Europeo y FMI llevan incurriendo durante cuatro años a los países sometidos a "programas" de rescates financieros.
Pese a su disimulada intención de lavar la cara a la Troika, el informe preliminar del Parlamento Europeo no puede evitar señalar sus múltiples irregularidades.
Esta fiscalización incluye cuestionarios enviados a los principales
responsables, que éstos impunemente no responden o lo hacen a medias.
Dependiente del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del
Parlamento Europeo, el proyecto de informe, firmado por Othmar Karas y
Liem Hoang Ngoc, curiosa e inexplicablemente, se olvida del rescate de
hasta 100.000 millones de euros (de los que se dice que se han usado
41.300 millones) a la banca española en junio de 2012.
Pese a que el informe preliminar, que se espera sea definitivo para
abril, poco antes de las elecciones europeas, señala grandes
irregularidades de la Troika, justifica en muchos de sus puntos su
acción. Por ejemplo, al hablar del "inmenso reto de la Troika", defiende
que "el tiempo se agotaba, los obstáculos legales tuvieron que ser
despejados, el miedo a una fusión del núcleo de la Eurozona era
palpable, hubo que adoptar acuerdos políticos…". En otro momento,
rechaza que hubiera sido posible plantear alternativas al sostener que
"la asistencia financiera en el corto plazo evitó un impago desordenado
de la deuda soberana que habría tenido consecuencias económicas y
sociales extremadamente graves, así como efectos indirectos en otros
países de una magnitud incalculable (...)”.
El documento señala que, "debido a su naturaleza ad hoc, no había
base jurídica adecuada para la creación de la Troika sobre la base del
Derecho primario de la Unión". Esto ha sido confirmado indirectamente
por la Comisión cuando escribe que "el modelo de la Troika ha sido
respaldado por el legislador de la UE (ver artículo 7 de la Regulación
de la UE Nº 472/2013)”, lo cual implica que antes de 2013 no hubo tal
respaldo, cuando es sabido que todos los programas de la Troika salvo el
de Chipre han arrancado antes de esa fecha.
Asimismo, subraya la doble función de la CE –como agente de los
estados y como institución de la UE– y del BCE –como asesor técnico y
acreedor– en la Troika y sus evidentes conflictos de interés, al ser
juez y parte. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el
mandato del BCE está limitado a la política monetaria, por lo que "la
participación del BCE en cualquier asunto relacionado con las políticas
presupuestarias, fiscales y estructurales se encuentra en un terreno
legal incierto". Además, incide en "la débil responsabilidad democrática
de la Troika" en los países sometidos al "programa".
El informe advierte que "el mandato de la Troika ha sido percibido
como opaco y no transparente" y se muestra especialmente crítico con los
Memorandum de Entendimiento (MoU), de los que lamenta su falta de
transparencia en las negociaciones.
La Troika elude las preguntas y apunta a los estados como responsables
Al extenso cuestionario enviado a los presuntos responsables de los
rescates: CE, BCE, FMI, Eurogrupo y Consejo Europeo responden, si lo
hacen, de manera escasa e insatisfactoria. Todos coinciden en exculparse
trasladando las responsabilidades a otros.
Por ejemplo, el FMI se ha negado a contestar argumentando que no
tiene que rendir cuentas a los Parlamentos, lo cual es sorprendente,
dado que él mismo impone sus políticas a los parlamentos. Herman Van
Rompuy ha contestado que "no está involucrado", cuando como presidente
del Consejo Europeo representa a los estados miembros de la UE. Por su
parte, el presidente del Eurogrupo ha eludido la pregunta diciendo que
las instituciones de la Troika son las más indicadas para contestar,
mientras el BCE devuelve la pelota al Eurogrupo: “Sobre medidas
concretas para países concretos, sería más apropiado que respondiera el
Eurogrupo”.
Todos estos responsables llevan años implicados en las políticas de austeridad llevadas a cabo por los gobiernos bajo el mandato opaco de la Troika, apoyándolas y presionando a los estados para que las apliquen. Ahora bien, a la hora de contestar a un cuestionario del Parlamento Europeo, eluden sus responsabilidades y echan la culpa a los estados a los que robaron su soberanía. Tanto la CE como el BCE lo dicen claro: "la autoría del diseño del programa pertenece a las autoridades del estado miembro afectado". Ya sabíamos que los altos funcionarios de estas instituciones gozan de total impunidad ante la justicia, ahora sabemos que rechazan incluso contestar a preguntas sobre sus implicaciones. ¿Será que huyen de sus responsabilidades frente a una opinión popular cada día más enfadada con las consecuencias humanitarias de dichas políticas?